La Justicia ratifica que solo existe un CGCODN

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por una minoría de Colegios integrantes de una entidad que pretendía ser el Consejo, confirmando así la Sentencia 360/2025 dictada en julio del pasado año por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por segunda y definitiva vez se declara la nulidad de todo lo actuado como “Consejo General” por la entidad presidida por Doña Alma Palau y Don Manuel Moñino, respectivamente.

Ya en 2023 los Tribunales dieron la razón al CGCODN, declarando nula la “asamblea constituyente” de la entidad encabezada por Alma Palau. Desde el Consejo General se instó a los Colegios Profesionales que habían promovido la creación de la otra entidad a que, atendiendo a la legalidad, asumieran el resultado de las Sentencias firmes y pasaran a formar parte del normal funcionamiento del Consejo, pero su respuesta fue crear, en el mismo 2023, una nueva agrupación paralela, atribuyéndose la representación y la voz de los dietistas-nutricionistas españoles.

Ante esta situación, que no conseguía más que lastrar el trabajo a favor de la profesión, el CGCODN tomó la decisión de volver a llevar a los Tribunales a la entidad encabezada en esta ocasión por Manuel Moñino, para volver a obtener la razón a finales de 2025, decisión que se ve ratificada en la inadmisión del recurso de la otra parte, entre otras razones, por la falta de “desarrollo argumental”.

Tanto la actual Sentencia de intento de “renacimiento”, como la anterior obtenida en 2023, refuerzan la necesidad de una representación fuerte, legítima y construida conforme a la ley.

La profesión de dietista-nutricionista en España tiene ante sí la oportunidad de consolidar una representación unitaria y legítima, reforzar la confianza institucional y social en su trabajo, defender con fuerza su rol sanitario esencial, unirse en torno a objetivos comunes y alejados de conflictos que solo perjudican la percepción pública del colectivo. La Justicia ha actuado con rigor y ha restablecido la legalidad. Ahora corresponde a todos los actores implicados aceptar ese mandato y contribuir al fortalecimiento institucional desde la responsabilidad, la democracia interna y el respeto a las normas.

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